La reforma judicial frena la inversión y eleva los costos empresariales: COPARMEX
- 7 de cada 10 empresas reporta impactos negativos
- 3 de cada 10 ya redujo o pospuso inversiones
- 8 de cada 10, ya modificó o evalúa modificar su estrategia de protección jurídica
- Ante una mayor incertidumbre sobre propiedad, contratos y acceso al amparo
De acuerdo con la COPARMEX, dos de cada tres empresas asociadas reportan que la Reforma Judicial ya está afectando sus decisiones de inversión. A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX revela que la incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México.
Con la participación de 3,721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales, los resultados de la Encuesta muestran la magnitud de esta inquietud: 67.8% de las empresas reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.
El dato adquiere mayor relevancia al observar cómo está cambiando la conducta empresarial. El 38.9% de las empresas, es decir, 4 de cada 10, señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir y el 28.8%, 3 de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos.
Los resultados reflejan que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito jurídico y comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal.
El análisis también muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos. El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación. En conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.
Esta situación se relaciona con una percepción de menor certeza jurídica. El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora. Para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos.
